Buenos Aires, 7 agosto (NA) – El modelo de empresas estatales de Ricardo Quintela encendió su propia alarma: el Gobierno de La Rioja confirmó el cierre de Colonia Cunícola, reconoció que varias sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria son deficitarias y dejó abierta la posibilidad de venderlas o incorporar capital privado para sostenerlas.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la admisión fue realizada por el secretario de Inversiones Públicas y Privadas, Gerardo Sánchez Volpini, quien explicó que la Provincia tuvo que retraerse en el financiamiento de varias SAPEM y que cualquier propuesta de compra que llegue será analizada. El funcionario aclaró que todavía no existe una compañía formalmente en proceso de venta, pero confirmó que el Estado mantiene conversaciones con interesados.
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La novedad golpea el corazón de una estructura empresarial que conserva 36 sociedades estatales en funcionamiento. No se trata de una denuncia opositora ni de una proyección contable: es el propio Ejecutivo el que reconoce que parte del entramado da pérdidas y que las restricciones financieras ya lo obligaron a revisar hasta dónde puede seguir sosteniéndolo con recursos públicos.
El antecedente inmediato es Colonia Cunícola, radicada en Sanagasta. Sánchez Volpini confirmó que fue la única empresa cuya actividad debió discontinuarse y admitió que su situación no pudo ser revertida. También indicó que se celebraron acuerdos individuales con los trabajadores y que, en algunos casos, se ofreció la posibilidad de incorporarse a otros proyectos.
La explicación oficial buscó encuadrar el cierre en la crisis económica nacional y provincial. Sin embargo, esa defensa no elimina el dato político central: una empresa creada y administrada dentro del esquema provincial llegó al final de su actividad sin alcanzar una salida viable, mientras el Gobierno ahora contempla inversores o compradores para otras sociedades que también pierden dinero.
El secretario sostuvo que el resguardo de las fuentes laborales será el criterio principal ante una eventual oferta. Esa promesa todavía no tiene un procedimiento público detrás: no se informó qué SAPEM están bajo evaluación, cuál es el déficit de cada una, cuánto dinero dejó de aportar la Provincia, qué valuación tienen ni bajo qué mecanismo se seleccionarían posibles socios o compradores.
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La ausencia de ese inventario impide dimensionar el costo total del problema, pero no vuelve hipotética la crisis. El cierre de Colonia Cunícola ya ocurrió; el retiro de financiamiento fue reconocido; y la alternativa de ceder participación o vender activos estatales quedó expresamente incorporada a la agenda del Ejecutivo.
Quintela defendió durante años una presencia estatal amplia en la economía riojana. El nuevo escenario obliga a su administración a explicar si las SAPEM cumplieron sus objetivos productivos, cuánto le costaron al erario y por qué algunas llegaron a depender de un auxilio que la Provincia ya no puede mantener. Sin balances comparables y sin criterios de salida publicados, la eventual llegada de privados abriría además una discusión inevitable sobre la transparencia de las valuaciones y la protección del patrimonio público.
La señal de alarma no es una venta consumada, y presentarla de ese modo sería incorrecto. Es algo anterior y políticamente más incómodo para la gestión: el Gobierno admitió que tiene empresas deficitarias, ya cerró una y empezó a considerar desprenderse total o parcialmente de otras. El peso de demostrar que el repliegue no terminará socializando pérdidas y privatizando activos queda ahora del lado de la administración de Quintela.
Agencia NA